Los menores en centros madrileños no pueden ser encerrados sin permiso judicial: «No son cárceles»

Los centros de menores de la Comunidad de Madrid son en régimen abierto y los niños que residen en ellos no pueden ser privados de libertad sin permiso judicial. Así lo explican a OKDIARIO fuentes conocedoras del funcionamiento de estos lugares, puestos en el punto de mira a raíz de la  llamada Operación Sana que investiga una red de explotación de menores en la región, que se muestran tajantes: «Los centros de menores no son cárceles».

En la Comunidad de Madrid hay un total de 102 centros de menores que cuentan con una capacidad de 1.800 plazas. En estos centros se alojan menores que pueden estar en régimen de tutela, cuando los padres o tutores a cargo de esos niños han perdido la patria potestad y ésta pasa a ser de la Comunidad, o en régimen de guarda, cuando es la propia familia la que asume que no se está pudiendo hacer cargo de la situación y decide que sea la administración pública la que asuma la patria potestad.

En ambos casos, explican estas fuentes, los jóvenes gozan de libertad para realizar actividades fuera del centro como ir al instituto o quedar son sus amigos. «Los centros se convierten en sus casas y los responsables en sus padres que diseñan para ellos un proyecto educativo en el que tienen sus salidas», apuntan.

En este sentido, subrayan que únicamente se puede privar de libertad a estos menores y encerrarles en el centro de forma «muy excepcional» y «muy motivada» y siempre contando con autorización judicial, que también es necesaria para el ingreso de los menores en los centros.

De esta manera, sostienen, la única herramienta con la que cuentan los centros para encerrar a menores que pudieran estar en peligro, como las implicadas en la Operación Sana, es mediante esta autorización judicial expresa. Una autorización que, según consta en el sumario del caso, al que ha tenido acceso OKDIARIO, rechazó otorgar el juez cuando la Comunidad de Madrid alertó de la primera menor prostituida en esta red en octubre del año pasado.

Según explican estas fuentes, los menores tutelados «no son delincuentes» y, por tanto, no se les puede encerrar, menos aún cuando confían en sus educadores y, en ocasiones, son ellos mismos los que relatan situaciones que viven en el exterior.

Es por ello que la Comunidad de Madrid se vale del único mecanismo que tiene para actuar fuera de los muros de los centros respecto a estos menores que es la denuncia. Sólo en el 2021 el Gobierno que lidera Isabel Díaz Ayuso llegó a presentar hasta 5.000 denuncias relacionadas con estos menores, 84 de ellas en concreto vinculadas con las menores implicadas en esta red de prostitución, que fue desarticulada el pasado mes de noviembre con 37 detenciones y que ahora investiga un juzgado de Madrid.

Según ha podido saber este periódico, el pasado 9 de enero la Comunidad de Madrid solicitó la personación en el caso como acusación particular sin que más de diez días después el juzgado haya tramitado esa personación por lo que el Ejecutivo aún no ha tenido acceso al sumario del caso.

Según señalan desde la Consejería de Políticas Sociales, su responsable, Concepción Dancausa, comparecerá tan pronto como haya podido tener acceso a ese sumario para conocer exactamente los hechos acaecidos aunque, desde el departamento inciden en que todos ellos «tuvieron lugar fuera de los centros de menores de la Comunidad y en ellos no está implicado ninguno de los educadores sociales».